Usuarios en condición de vulnerabilidad que necesitan solicitar una pensión por el Régimen No Contributivo o ser asegurados por el Estado se topan contra una pared en las oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para que les actualicen la ficha de información social.
Ellos siguen siendo víctimas de una maraña administrativa que les impide acceder a dichos beneficios sociales.
La Defensoría de los Habitantes continúa recibiendo denuncias sobre la falta de atención por parte de la CCSS, en relación al análisis y valoración de varias solicitudes de este tipo de aseguramiento o bien sobre los cambios en la calificación de pobreza de algunas personas.
En las oficinas de la CCSS siguen remitiendo a las personas para que la valoración y actualización de datos socioeconómicos lo haga personal del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En el pasado mes de abril, las autoridades de la CCSS recibieron de la Procuraduría General de la República un criterio vinculante donde quedó claro que la participación de la CCSS en el SINIRUBE presenta una naturaleza dual.
“Por una parte, en lo relativo a la información vinculada con los regímenes de seguridad social, su incorporación al sistema mantiene un carácter facultativo, en respeto de su autonomía constitucional. Por otra, cuando la institución administra programas financiados con recursos de FODESAF, su participación en la caracterización, registro y actualización de la información de beneficiarios no es potestativa, sino que constituye una obligación jurídica derivada directamente de la ley, en tanto condición necesaria para garantizar la correcta administración, control y no duplicidad en el uso de recursos públicos”, indicó el criterio de la Procuraduría.
La Procuraduría dijo que “ ello implica que, cuando la información contenida en el SINIRUBE sea insuficiente, incompleta o requiera ser complementada, es la institución ejecutora la que debe realizar las investigaciones o verificaciones adicionales necesarias, ya sea mediante la revisión de registros, la realización de visitas domiciliarias o la aplicación de instrumentos técnicos de evaluación socioeconómica, en el ejercicio de su potestad decisoria y bajo su responsabilidad administrativa”.
“Cuando una institución ejecutora de programas sociales realiza actuaciones relacionadas con la verificación de los requisitos de elegibilidad de sus propios beneficiarios o con el suministro de información al sistema, tales actuaciones forman parte de las funciones propias de la administración de dichos programas. En ese sentido, las actuaciones que las instituciones ejecutoras realicen en cumplimiento de dichas obligaciones legales—particularmente en lo relativo a la recolección, verificación y suministro de información— deben entenderse comprendidas dentro de la gestión ordinaria de los programas sociales que administran, sin perjuicio de que puedan establecerse mecanismos de coordinación interinstitucional y convenios que permitan optimizar el uso de los recursos públicos”, señala el criterio de la Procuraduría.
Frente a esto y en defensa de la población en condición de vulnerabilidad, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la CCSS informar las razones por las cuales no ha emitido directrices a las Direcciones Regionales, Sucursales, Áreas de Salud y demás dependencias institucionales con respecto al abordaje que deben brindar a partir del Dictamen N° PGR-C-064-2026 de la Procuraduría General de la República.
En respuesta a la Defensoría de los Habitantes, los gerentes Financiero y Médico de la CCSS indicaron que desde el 24 de abril la Presidenta Ejecutiva les instruyó para que elaboraran un plan piloto orientado a asumir la actualización del Registro de Información Social y desde entonces formaron un equipo de trabajo con el propósito de recopilar insumos, valorar la capacidad instalada de las Unidades de Validación y Facturación de Servicios Médicos, coordinar lo atinente con SINIRUBE, revisar la información institucional disponible y definir el plan piloto, pero a la fecha no está finalizado y tampoco se informa sobre plazos estimados.
Agregaron que dentro de análisis en desarrollo se contempla priorizar casos de personas en condición de vulnerabilidad que no estén accediendo a medicamentos, tratamientos, consultas o procedimientos por motivo de vencimiento o afectación de su aseguramiento, así como diseñar mecanismos de registro que permitan documentar el caso, la gestión realizada, el resultado observado y la trazabilidad de la intervención.
Se dan cuenta ustedes, la difícil situación que está viviendo este sector de la población….
